El ministro de Economía, Christian Morales, visitó la institución empresarial cruceña, que busca acelerar la aprobación de una norma para atraer capitales nacionales y extranjeros, generar empleo y ofrecer seguridad jurídica.

La Ley de Inversiones vuelve a ganar espacio en la agenda económica boliviana. Esta vez, el escenario fue la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), que recibió este martes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, para abordar la necesidad de avanzar en una norma destinada a generar condiciones más favorables para la llegada de capitales.

La reunión se produce después de una serie de gestiones de la dirigencia empresarial ante el Ejecutivo y el Legislativo. El objetivo de Cainco es que su propuesta, presentada a mediados de octubre, entre en la agenda parlamentaria y sea tratada con celeridad, con la aspiración de que pueda aprobarse antes de fin de año.

El encuentro constituye un nuevo capítulo en el diálogo entre el empresariado cruceño y las autoridades económicas. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de un acuerdo definitivo sobre el contenido del proyecto ni de un cronograma legislativo aprobado para su tratamiento.

La discusión tiene relevancia para una economía que busca superar las dificultades de la estabilización y recuperar el crecimiento. Para el sector empresarial, contar con reglas previsibles y mecanismos de protección para las inversiones es una condición necesaria para impulsar proyectos productivos, ampliar la capacidad instalada y generar empleo formal.

Una propuesta de 30 artículos

El proyecto de Cainco plantea una Ley de Promoción de Inversiones breve, de 30 artículos, que funcione como marco general para estimular la inversión nacional y extranjera.

Entre sus principales componentes figuran los incentivos tributarios, la estabilidad normativa, un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), garantías para los inversionistas, mecanismos de arbitraje para resolver controversias comerciales y el restablecimiento de las zonas francas industriales.

La propuesta busca ofrecer mayor previsibilidad a quienes comprometan recursos en proyectos de largo plazo, especialmente en actividades que requieren importantes desembolsos iniciales y cuyo retorno depende de condiciones económicas y regulatorias relativamente estables.

En el ámbito tributario, la iniciativa plantea condiciones preferenciales para las empresas que ingresen al régimen de grandes inversiones. Entre las propuestas difundidas por los representantes empresariales figuran una reducción de la alícuota del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del 25% al 10% y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 10% para los proyectos que cumplan los requisitos del esquema.

La propuesta también contempla mecanismos de estabilidad normativa para reducir la incertidumbre que generan los cambios posteriores en las reglas aplicables a una inversión. A ello se suman alternativas de arbitraje para determinadas controversias y medidas orientadas a fomentar la exportación de servicios.

Cainco considera que esta ley puede servir como una base para impulsar reformas posteriores en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y energía, donde la llegada de nuevos capitales requiere marcos regulatorios específicos.

Una agenda que pasó por el Legislativo

La visita del ministro Morales a Cainco se suma a las reuniones que la entidad sostuvo la semana pasada en La Paz con los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, respectivamente.

En esos encuentros, el presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, y el gerente general de la institución, Daniel Velasco, acompañados por especialistas económicos y jurídicos, plantearon la necesidad de acelerar el tratamiento de la propuesta.

La dirigencia empresarial sostiene que una normativa con reglas claras puede contribuir a fortalecer la confianza, impulsar la actividad productiva y ampliar las oportunidades de empleo.

El calendario también es importante para el sector privado. La institución empresarial planteó  que el proyecto sea discutido y, de ser posible, aprobado en noviembre, antes del receso legislativo de fin de año. La institución busca que la norma forme parte de las reformas necesarias para que Bolivia pase de la estabilización económica a una etapa de crecimiento sostenido.

El reto de convertir la propuesta en ley

La iniciativa empresarial se inserta en una discusión más amplia sobre cómo atraer inversiones en un país que necesita recuperar la actividad productiva, ampliar sus exportaciones y generar nuevas fuentes de divisas.

El proyecto de Cainco no es la única propuesta que ha estado en la agenda pública. En agosto, el Gobierno presentó una iniciativa de Ley de Inversiones más extensa, de 103 artículos, que buscaba ordenar el marco normativo y ofrecer condiciones de previsibilidad para los inversionistas. Ambas propuestas reflejan la importancia que el tema ha adquirido en la discusión económica, aunque difieren en su alcance y en los instrumentos planteados.

Uno de los desafíos será determinar qué medidas pueden aprobarse mediante una ley ordinaria y cuáles podrían requerir cambios normativos adicionales, incluida una eventual reforma constitucional. Algunos aspectos vinculados con las garantías a los inversionistas, la estabilidad de las reglas y el alcance del arbitraje deben analizarse en el marco de las disposiciones constitucionales vigentes.

También será necesario evaluar el costo fiscal de los incentivos tributarios, sus condiciones de acceso y los mecanismos para medir si efectivamente generan nuevas inversiones, empleo formal y mayor actividad económica.

La reducción de impuestos puede mejorar el atractivo de determinados proyectos, pero su impacto dependerá de que los beneficios estén vinculados a inversiones adicionales y no únicamente a actividades que se habrían realizado de todas maneras. Del mismo modo, la estabilidad normativa puede reducir la incertidumbre, pero no sustituye otros factores que consideran los inversionistas, como la disponibilidad de divisas, la infraestructura, el acceso a mercados y la seguridad jurídica.

La reunión entre Cainco y el ministro de Economía coloca nuevamente el tema en el centro del diálogo entre el sector privado y el Gobierno. El siguiente paso será conocer si las conversaciones derivan en acuerdos técnicos sobre el contenido de la propuesta y en una ruta concreta para su tratamiento legislativo.

Para el empresariado, la meta es contar con una norma que permita recuperar la confianza y movilizar capitales hacia actividades productivas. Para el Gobierno y la Asamblea, el desafío será construir un marco legal que incentive la inversión sin perder de vista la sostenibilidad fiscal, la seguridad jurídica y el interés público.

La discusión ya no se limita a la necesidad de atraer inversiones: el desafío es definir qué reglas, incentivos y garantías pueden convertir esa aspiración en proyectos concretos, empleos y crecimiento económico.




Fuente: El deber