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Expertos consideran que un cambio de presidente o ideología no garantizará necesariamente superar la crisis en el sector de los hidrocarburos; proponen un “triángulo virtuoso” de liderazgo, coherencia en las políticas y un pacto de unidad nacional…

EDICIÓN 157 | 2026

ENERGÍABolivia

Francesco Zaratti y Javier Aliaga, analistas del sector, coincidieron en que un cambio de presidente, partido o ideología no garantizará “per se” una solución a la crisis energética en el país, mientras soporta un duro trance en el ámbito de los hidrocarburos después de las dos últimas décadas que lo perfilaban como productor importante de gas natural en la región.

Zaratti señaló que Bolivia debe dejar de administrar permanentemente emergencias y comenzar a aplicar políticas estructurales. Reconoció que algunas reformas pueden exigir sacrificios, pero pidió proteger mediante subsidios o compensaciones a los sectores más vulnerables.

Aliaga planteó como condición un “triángulo virtuoso” de liderazgo, coherencia en las políticas y un pacto de unidad nacional. Afirmó que incluso un Gobierno con una buena política energética tendrá dificultades para avanzar si no existe respaldo político y estabilidad institucional. Ambos coincidieron en la necesidad de mirar lo urgente y simultáneamente trabajar una hoja de ruta energética planificada.

REFORMAS URGENTES Y CAMBIOS ESTRUCTURALES PARA ENFRENTAR LA CRISIS

Consultados sobre si es indispensable un orden regulatorio que suponga primero un cambio en la Constitución, luego la ley de hidrocarburos y finalmente una nueva ley de inversiones; Zaratti pide aprovechar el marco legal vigente para aplicar medidas inmediatas, mientras Javier Aliaga propone avanzar en paralelo con “leyes cortas” y una reforma de fondo que reduzca la incertidumbre para los inversionistas.

Ante la crisis que atraviesa el sector hidrocarburífero boliviano, los analistas Francesco Zaratti y Javier Aliaga coincidieron en el coloquio de ENERGÍABolivia, sobre la necesidad de actuar con rapidez, aunque plantearon diferentes enfoques sobre el alcance y el ritmo de las reformas que requiere el país.

Zaratti sostuvo que la gravedad de la situación obliga a priorizar medidas urgentes y viables dentro de la actual Constitución, antes que esperar una reforma estructural que podría tomar demasiado tiempo. Considera que existen espacios legales para modificar las leyes de hidrocarburos, electricidad e inversiones sin necesidad de cambiar inmediatamente la Carta Magna.

Entre sus propuestas destacó una posible flexibilización del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de una mayor participación privada y pública en el sector eléctrico. También planteó revisar el sistema tarifario para garantizar a las empresas márgenes suficientes que permitan realizar nuevas inversiones y no solamente cubrir sus costos operativos.

Para Zaratti, la prioridad debe ser aprovechar las posibilidades que ofrece el marco constitucional vigente y aplicar reformas rápidas, especialmente ante la situación de YPFB y la creciente dificultad para garantizar el abastecimiento energético.

ACCIONES PARALELAS

Aliaga, en cambio, planteó una estrategia de acciones paralelas, combinando medidas de aplicación inmediata con reformas estructurales. A su juicio, Bolivia debe dejar de pensar las reformas como una secuencia rígida y comenzar a trabajar simultáneamente en soluciones de corto plazo y cambios que otorguen mayor seguridad jurídica a las inversiones de largo plazo.

El analista propuso impulsar “leyes cortas” para acelerar la reactivación, particularmente en electricidad y en campos hidrocarburíferos que podrían recuperar su producción en un plazo de entre uno y un año y medio. Sin embargo, advirtió que una nueva ley de inversiones podría resultar insuficiente si no se modifican aspectos estructurales que generan incertidumbre. Según Aliaga, los inversionistas evalúan no solo las condiciones actuales, sino también la posibilidad de que futuros gobiernos cambien nuevamente las reglas del juego.

Añadió que esta respuesta inmediata debe tener un horizonte explícito: una primera capa de recuperación acelerada en campos maduros puede dar resultados en 6–24 meses, mientras una ley de energías, ley de inversiones y una eventual reforma constitucional parcial avancen en paralelo y no como pasos sucesivos.

Por ello, sostuvo que Bolivia debe reducir los riesgos políticos, regulatorios y cambiarios que elevan el rendimiento exigido por el capital privado y pueden hacer que los recursos se dirijan hacia otros mercados. El punto central en criterio de Aliaga es que, si el inversionista percibe que las reglas pueden revertirse con el siguiente Gobierno, ese riesgo hace que la rentabilidad mínima exigida sea mayor, eleva el costo del capital y el retorno mínimo exigido, aun cuando la nueva norma parezca favorable.

Aliaga también propuso cambiar el enfoque legislativo y avanzar hacia una “ley de energía”, en lugar de abordar de manera aislada la electricidad y los hidrocarburos. Esta norma debería incorporar una visión integral de la matriz energética, establecer principios de política sectorial y coordinar los incentivos necesarios para atraer inversiones.

En síntesis, ambos expertos coinciden en que la crisis exige respuestas inmediatas, pero difieren en el alcance de las reformas. Zaratti prioriza aprovechar el marco vigente para actuar con rapidez, mientras Aliaga plantea combinar medidas urgentes con una transformación estructural que permita generar certidumbre y atraer inversiones sostenibles. La coincidencia central es que Bolivia necesita mayor planificación, reglas claras y capacidad de inversión para evitar avanzar hacia una crisis energética profunda en el corto plazo. Aliaga propuso incluso comenzar a trabajar un plan de racionamiento energético, que permita luego soportar apagones indiscriminados a nivel nacional.

“…una nueva ley de inversiones podría resultar insuficiente si no se modifican aspectos estructurales que generan incertidumbre.”

REESTRUCTURAR YPFB, REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL GAS Y REFORMAR EL MODELO ENERGÉTICO

Zaratti y Aliaga coinciden en que YPFB requiere una auditoría y un redimensionamiento, mientras plantean combinar la exploración de hidrocarburos con una transición hacia energías renovables y reformas económicas estructurales.

La crisis energética y económica que atraviesa Bolivia exige, según los analistas Francesco Zaratti y Javier Aliaga, una transformación profunda de YPFB y del modelo energético nacional, acompañada de cambios regulatorios, mayor participación privada y una estrategia de largo plazo.

Zaratti sostuvo que no basta con reestructurar YPFB, sino que la empresa deberá reducir y redefinir progresivamente sus funciones. Afirmó que la estatal, que hace dos décadas era considerada una esperanza para el desarrollo nacional, terminó convirtiéndose en uno de los principales problemas del sector debido a su endeudamiento, ineficiencia, denuncias de corrupción y politización.

A su juicio, YPFB no debe desaparecer, pero sí concentrarse en actividades estratégicas como la exploración y explotación de hidrocarburos, mientras abandona progresivamente la comercialización, especialmente si los precios internos se acercan a los internacionales.

Aliaga coincidió en la necesidad de una reestructuración urgente, pero consideró que el primer paso debe ser una auditoría integral e independiente que permita conocer con precisión la situación financiera, las pérdidas, los activos y las obligaciones de la empresa. “La auditoría debería separar deuda, subsidios, activos, obligaciones y resultados por unidad de negocio, de modo que la reestructuración parta de un balance económico verificable y no solo de un cambio de organigrama”, dijo.

El analista planteó posteriormente separar las funciones de YPFB y adecuar el marco regulatorio para permitir una mayor participación privada. Advirtió, sin embargo, que abrir el mercado no es suficiente y que se requiere una regulación efectiva, particularmente en infraestructura y logística. Propuso distinguir upstream, logística/midstream, refinación, comercialización y funciones no comerciales, con estados financieros y metas diferenciadas, directorios profesionales y acceso abierto a infraestructura donde exista monopolio natural.

REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL GAS SIN ABANDONAR LA EXPLORACIÓN

Ambos expertos plantearon que Bolivia debe reducir gradualmente su dependencia del gas, aunque plantearon diferentes énfasis. Zaratti propuso una estrategia que combine la exploración de hidrocarburos con el desarrollo de energías renovables y otras fuentes de generación. Consideró que el país cometió un error al asumir que sus reservas de gas serían suficientes y no planificar oportunamente una transición energética.

Por ello, planteó un plan energético integral, con metas, plazos, responsables y fuentes de financiamiento, además de una participación coordinada de los sectores público y privado. También consideró necesario sincerar las tarifas energéticas para garantizar la sostenibilidad de las inversiones.

Aliaga, en tanto, defendió la continuidad de la exploración hidrocarburífera en el corto y mediano plazo, con el objetivo de recuperar reservas, reducir las importaciones y fortalecer la seguridad energética, en el marco de un proceso de restructuración de una matriz energética equilibrada. Paralelamente, planteó avanzar hacia una menor dependencia de los combustibles fósiles en el largo plazo. Esa transición, precisó, no consiste simplemente en sustituir gas por más MW renovables: requiere transmisión, almacenamiento, potencia firme, gestión de demanda y eficiencia energética. Como referencia de mediano plazo, planteó una matriz más diversificada, con el gas conservando un papel residual de respaldo y flexibilidad mientras aumentan hidro, biomasa, solar y eólica.

En materia de combustibles, Zaratti propuso retirar a YPFB de la comercialización, facilitar la participación de empresas privadas y transparentar los precios, además de garantizar estabilidad monetaria, disponibilidad de dólares y seguridad jurídica.

ALIAGA PLANTEA CAMBIOS EN EL TIPO DE CAMBIO

Aliaga también vinculó la crisis energética con la situación cambiaria y productiva del país. Cuestionó el mantenimiento durante años de un tipo de cambio fijo, al considerar que contribuyó al deterioro de las reservas internacionales y a la pérdida de competitividad de la producción nacional.

Propuso avanzar hacia un tipo de cambio compatible con los fundamentos de la economía, acompañado de políticas sectoriales que permitan recuperar la producción y las exportaciones. Reconoció que esto encarecería las importaciones, incluidos los combustibles, pero sostuvo que podría contribuir a generar incentivos para recuperar la producción en el país.

También advirtió que permitir que empresas privadas importen combustibles no resolverá la escasez de dólares si estas compañías deben adquirir las divisas dentro de Bolivia. Por ello, consideró necesario que los importadores puedan obtener dólares en el exterior y aliviar así la presión sobre el mercado cambiario interno. Señaló además que la apertura privada no eliminará por sí sola el desabastecimiento ni el contrabando: si persisten dos precios, restricciones de divisas y cuellos de botella en terminales, almacenamiento, ductos o estaciones, el arbitraje continúa. Por eso la apertura debe acompañarse de acceso logístico no discriminatorio, reglas de competencia y una convergencia gradual de precios con compensaciones focalizadas a los sectores vulnerables.

LA APUESTA: REFORMAS INMEDIATAS Y VISIÓN DE LARGO PLAZO

En conjunto, las propuestas apuntan a auditar y redimensionar YPFB, reducir su participación en la comercialización, abrir espacios al sector privado, recuperar la exploración de hidrocarburos y acelerar el desarrollo de energías renovables.

Los expertos también consideran indispensable avanzar en reformas regulatorias y económicas que generen seguridad jurídica, atraigan inversiones y permitan superar la actual emergencia vinculada al sector energético.

El desafío, según ambos, consiste en dejar atrás la gestión basada exclusivamente en la coyuntura y construir una política energética integral, sostenible y respaldada por acuerdos políticos, capaz de garantizar abastecimiento, inversión y seguridad energética para Bolivia.

“…construir una política energética integral, sostenible y respaldada por acuerdos políticos”