La raíz de la crisis energética que soporta el país es esencialmente energética ...###

La raíz de la crisis energética que soporta el país es esencialmente energética, para los participantes del coloquio mensual de la revista. En esta línea, destacaron el franco descenso de la producción de gas natural, sin reposición de reservas, ocasionando la disminución de importaciones y complicando el ingreso de divisas

EDICIÓN 143 | 2025

Vesna Marinkovic U.

Bolivia vive un momento crítico. Aunque los efectos cotidianos de la crisis se sienten en los bolsillos y en el pulso económico del país, no siempre se identifica con claridad el origen profundo de esta situación. La raíz, sin embargo, es esencialmente energética, dijo Juan Fernando Subirana, invitado al coloquio mensual de ENERGÍABolivia.

“Desde 2019, la producción de gas natural principal fuente de energía y divisas del país ha venido en franco descenso, sin reposición efectiva de reservas. Esta caída en la producción de hidrocarburos, que incluye gas, condensado y petróleo, ha desencadenado una serie de impactos en cadena. Primero, una disminución en las exportaciones y en la entrada de divisas. Luego, una presión creciente sobre el sistema financiero, visible desde 2023 con la emergencia de un mercado paralelo de dólares, una mayor fragilidad bancaria y el colapso de al menos una entidad financiera”, agregó.

DE CRISIS SECTORIAL A CRISIS FINANCIERA

Lo que comenzó como una crisis sectorial se ha expandido hasta convertirse en una crisis financiera, y hoy ya se experimenta como una crisis económica real: inflación, desaceleración y pérdida de poder adquisitivo son síntomas tangibles que afectan a la ciudadanía en su conjunto, hizo notar.

“Pero esta historia no termina aquí. Si no se adoptan medidas urgentes y estructurales, el país podría enfrentar un nuevo y más profundo ciclo de crisis energética hacia 2028 o 2029, cuando la producción de gas natural posiblemente ya no alcance ni siquiera para abastecer el mercado interno. Ante este escenario, Bolivia se vería forzada a importar gas probablemente desde Argentina y sin subsidios o a implementar medidas drásticas como racionalización del consumo e incluso apagones programados”, advirtió Subirana.

IMPORTACIÓN DE GAS Y SUS IMPLICACIONES PARA BOLIVIA A PARTIR DE 2028

Dijo que, en este marco, y en un contexto de declive sostenido en la producción nacional de gas natural, la posibilidad de importar este recurso energético, antes impensable para un país exportador como Bolivia, se perfila hoy como una necesidad inminente. Durante el coloquio de la revista sobre el panorama energético, el especialista Juan Fernando Subirana, confirmó que Bolivia ya cuenta con las condiciones técnicas y logísticas para convertirse en importador neto de gas a partir del año 2028, si no antes.

Dijo que la infraestructura ya está casi completamente adaptada. Aseguró que el gasoducto que durante años transportó gas natural boliviano hacia Brasil, a través del contrato GSA con Petrobras, hoy está parcialmente revertido: precisando que por él fluye gas argentino desde Vaca Muerta hacia el mercado brasilero, utilizando territorio boliviano. “En ese sentido, dijo, la importación de gas desde Argentina no enfrenta mayores barreras técnicas”.

No obstante, afirmó que el verdadero obstáculo será el precio. Recordó que Bolivia paga hoy un precio interno altamente subsidiado: aproximadamente 1 a 1,20 dólares por millón de BTU. En contraste, acotó que los precios internacionales según el mercado spot y contratos de largo plazo oscilan entre 6 y 10 dólares por millón de BTU. Esto implica que importar gas natural significaría, en el mejor de los casos, quintuplicar el precio de referencia actual.

“Imagínense que su factura de electricidad de diciembre que ya suele ser elevada se multiplique por cinco”, ejemplificó Subirana. “Eso es lo que enfrentaremos si no hacemos cambios estructurales y seguimos dependiendo del gas como principal fuente de generación eléctrica”, advirtió.

Esta brecha entre el precio subsidiado y el costo real de importación no solo generará presiones fiscales adicionales para el Estado boliviano ya golpeado por la escasez de divisas y un déficit creciente, sino que también podría tener un impacto social profundo si se decide trasladar estos costos al consumidor final. Precisó que de ahí la urgencia de encarar reformas tarifarias racionales, acompañadas de medidas de mitigación que protejan a los sectores más vulnerables de la población.

En este escenario, afirmó, que la diversificación de la matriz energética no es solo deseable, sino impostergable. De lo contrario, el país se verá obligado a financiar importaciones de gas con un altísimo costo económico y social, hipotecando aún más su sostenibilidad energética futura. 

GAS IMPORTADO, CRISIS ESTRUCTURAL Y EL DESAFÍO DE GOBERNAR BOLIVIA DESDE 2025

Incidiendo en el futuro energético de Bolivia, Jorge Akamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (CANEB), recalcó una idea fundamental: importar gas desde Argentina, incluso con una infraestructura lista como los gasoductos actuales, tendrá un costo que el país simplemente no está preparado para asumir sin consecuencias severas. Dijo que en un contexto económico que no se solucionará en uno ni en dos años según coinciden diversos analistas, el impacto sobre el costo de generación eléctrica y, por extensión, sobre las tarifas al consumidor final, será devastador. 

“No hablamos de un aumento al doble, ni al triple; estamos hablando de multiplicar los costos por cinco o por seis”, enfatizó Jorge. Las generadoras de electricidad tendrán que asumir ese encarecimiento del insumo principal, y en un país donde el Estado ya no tiene margen para mantener subvenciones sostenidas al gas, la consecuencia será inevitable: incremento de tarifas en todos los niveles y sectores.

Afirmó que la alerta va más allá de lo económico: una racionalización del uso de combustibles probable si la crisis energética se intensifica afectará directamente al desarrollo humano del país. “Todo lo que hemos avanzado en materia social puede verse revertido”, advirtió Jorge, subrayando que el impacto será transversal, con afectaciones serias en salud, educación, transporte y productividad.

Remarcó que este panorama plantea un reto inmenso para quien asuma la presidencia del país en 2025. La exigencia será doble: implementar medidas urgentes para aliviar la crisis energética y, al mismo tiempo, construir una hoja de ruta sostenible a mediano y largo plazo. De lo contrario, considera que la gobernabilidad misma podría verse comprometida. 

Frente a esta inquietud, Juan Fernando Subirana propone como primer paso “un diagnóstico sincero de la situación energética y económica del país”, dejando atrás el negacionismo que ha caracterizado al discurso oficial en los últimos años. El segundo paso sería la reforma inmediata de la Ley de Hidrocarburos, la 3058, diseñada en su momento para capturar renta y empoderar al Estado, pero que hoy se ha convertido en un obstáculo para atraer inversión.

“Las empresas necesitan reglas claras y contratos viables. Si no lo hacemos ahora, seguiremos expulsando inversiones”, sostuvo Subirana. Agregó que, en paralelo, se deben rediseñar los contratos actuales, simplificar sus términos y transitar hacia esquemas más eficientes y menos burocráticos, como los contratos de participación o licencias.

Además, con la caída del mercado de exportación prevista para 2028-2029, urge reenfocar la producción gasífera hacia el mercado interno. Sin este ajuste, las operadoras dejarán áreas improductivas o con baja rentabilidad, desmantelando aún más la capacidad nacional.

Destacó que Bolivia necesita un nuevo pacto energético, con visión estratégica, voluntad política y una institucionalidad capaz de afrontar la realidad con valentía. De lo contrario, la crisis energética no solo se convertirá en el mayor desafío económico del próximo quinquenio, sino en una amenaza directa a la cohesión social y la estabilidad democrática del país. 

LA REFORMA PENDIENTE: INSTITUCIONALIDAD, INVERSIÓN PRIVADA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Jorge Akamine retoma el hilo y señala: “No solo se necesita una nueva ley de hidrocarburos, se necesita incluso revisar la Constitución”. Su afirmación va al corazón del problema que atraviesa el sistema energético boliviano: una normativa que según muchos expertos responde a una lógica estatista del siglo pasado y que impide la articulación fluida de inversiones, innovación y cooperación con el sector privado.

“La referencia al arbitraje local es clave. Tal como está redactada hoy la Constitución Política del Estado, las controversias deben resolverse únicamente en la jurisdicción boliviana. Esta limitación, subraya Jorge Akamine, ha paralizado por años la inversión extranjera. “¿Quién va a invertir millones de dólares en un país donde, si hay un conflicto, el único juez es el propio Estado que participa en el negocio?”, cuestiona. 

En esta línea agrega que “la consecuencia ha sido la parálisis inversora. Por eso, el llamado es a reformar el marco normativo de manera integral: ley de hidrocarburos, régimen fiscal, condiciones contractuales, y sí, incluso el texto constitucional. “Es necesario dar señales de apertura, de respeto a la inversión y de reglas claras para el capital privado, tanto nacional como internacional”, dice. El Estado, afirma, ya no tiene capacidad financiera para sostener por sí solo el sistema energético del país.

Otro aspecto central destacado por el es la sustitución progresiva de la renta petrolera. Jorge lo explica con una mirada sistémica: “La economía es interdependiente. Si se reduce la renta petrolera, tenemos que pensar cómo sustituimos esos ingresos. ¿Cómo garantizamos el funcionamiento del Estado?”.

Una de las salidas señala podría estar en un rediseño del rol del sector privado, permitiendo su ingreso efectivo a toda la cadena energética. En este punto, advierte que Bolivia debería abandonar el modelo hipercentralizado de generación y distribución energética, y avanzar hacia un sistema más descentralizado, donde regiones y actores privados compartan la responsabilidad (y el riesgo) de producir energía.

…el impacto en el desarrollo humano será devastador si no se redefine desde ahora la política energética del país”.

 Además, menciona propuestas operativas de corto plazo, como permitir la importación de materia prima para las refinerías privadas del país una medida bloqueada en el pasado por intereses sectoriales o revisar la estructura de cuotas de producción.

 Destaca que el país cuenta con al menos tres refinerías privadas en Santa Cruz que podrían contribuir activamente, pero que permanecen desaprovechadas por falta de políticas claras.

 Finalmente, insiste en que la transición energética no puede seguir postergándose. Es necesario consolidar el cambio de matriz energética hacia fuentes más limpias y sostenibles, que ya no dependan de la disponibilidad incierta de gas o de un Estado que no puede más. En resumen, concluye, “el modelo actual no es sostenible. No financieramente, no técnicamente. La única salida es abrir el juego, compartir el riesgo y permitir que la inversión privada participe con reglas estables y sensatas”.

EDUCACIÓN ENERGÉTICA, CIUDADANÍA INFORMADA Y EL FUTURO DE BOLIVIA

El cierre de la conversación se centra en un aspecto que ha sido históricamente postergado en Bolivia: la educación ciudadana sobre energía. En palabras de Juan Fernando Subirana, “la información es poder”, y en este contexto, el poder de sostener medidas difíciles en el tiempo sin que se conviertan en un desgaste insostenible para los gobiernos que deban aplicarlas. 

“Las decisiones que el próximo gobierno tendrá que tomar no van a ser populares”, advierte. Sin embargo, si se logra generar un entorno de comprensión, si se informa con claridad y se explica con transparencia, es posible construir un consenso social mínimo para avanzar. “Sin información clara dice no hay respaldo, y sin respaldo, no hay política sostenible”.

Akamine complementa esta idea señalando la importancia de: campañas, talleres, difusión masiva, pedagogía con lenguaje claro. “No se trata solo de informar, se trata de formar. De construir ciudadanía energética”, enfatiza. Señala además que, si bien hay algunos esfuerzos institucionales como los que realiza la Cooperativa en Santa Cruz con aplicaciones móviles para el cálculo de consumo y acciones educativas, esto debería replicarse a escala nacional.

Uno de los grandes desafíos, coinciden ambos expertos, será enfrentar la desinformación. “Muchos creen que sube la tarifa porque hace calor y consumen más, cuando el precio sigue siendo el mismo. El problema es el uso ineficiente”, ilustra Akamine.

En ese marco, tanto Juan Fernando Subirana como Jorge Akamine, plantean que, más allá de las reformas normativas o del rediseño institucional, es imprescindible que la ciudadanía entienda el valor y la finitud de los recursos energéticos no renovables. Que tome conciencia de que no hay energía barata e infinita, y que la transición energética no será posible sin participación activa, informada y corresponsable de todos.

Finalmente, Akamine lanza una reflexión puntual: la impunidad y la falta de rendición de cuentas también han alimentado esta crisis. “Llevamos 200 años desaprovechando ciclos de bonanza y desperdiciando recursos. Hoy no tenemos margen para repetir los errores”. 

El mensaje de ambos analistas es claro: el impacto en el desarrollo humano será devastador si no se redefine desde ahora la política energética del país. Lo que está en juego no es solo la estabilidad económica o la seguridad energética, sino la calidad de vida de millones de bolivianos.

Y así concluye esta conversación oportuna y urgente. Una conversación que, ojalá, pueda resonar más allá de este espacio y transformarse en acción concreta. Porque como bien se ha dicho, sin políticas públicas serias, planificadas y sostenidas, Bolivia seguirá atrapada en un ciclo de crisis evitables. Y el momento de romperlo, es ahora.

“Llevamos 200 años desaprovechando ciclos de bonanza y desperdiciando recursos. Hoy no tenemos margen para repetir los errores”.