Un informe elaborado junto con Yacimientos de Litio Bolivianos identificó anomalías en el proceso de contratación, entre ellas cambios en criterios de evaluación, puntajes sin respaldo y falta de certificación presupuestaria. El procurador Hugo César León La Faye anunció que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.

La Procuraduría General del Estado identificó una serie de presuntas irregularidades en un proyecto de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) cuyo costo supera los $us 24,3 millones y que, según el procurador Hugo César León La Faye, actualmente no está funcionando.

La autoridad informó que un trabajo conjunto entre la Procuraduría y YLB derivó en un informe que establece observaciones al proceso de contratación y apunta a posibles responsabilidades de funcionarios que participaron en el mismo.

León sostuvo que existen indicios de hechos que podrían haber provocado la apropiación, desvío o malversación de recursos públicos. Sin embargo, será el Ministerio Público el encargado de determinar la existencia de delitos y las eventuales responsabilidades individuales.

“Han sido toda una serie de hechos que han permitido que personas que estaban cumpliendo funciones para el Estado puedan haberse apropiado, desviado o malversado recursos económicos ingentes”, afirmó.

Observaciones al proceso

Entre las irregularidades señaladas por el procurador aparece una inconsistencia en la evaluación del formulario A6, relacionado con el equipo mínimo comprometido para ejecutar la obra. Según la autoridad, ese equipamiento “nunca llegó a completarse”.

La segunda observación apunta a una modificación de los criterios de evaluación después de que las propuestas ya habían sido abiertas.

“Se abren las propuestas y ahí, en ese momento, se modifican los criterios de evaluación”, explicó León.

También se detectó, según el informe, la asignación de puntajes que no contaban con respaldo en los parámetros o rangos previamente publicados.

El procurador aseguró que esas calificaciones fueron determinadas por funcionarios a partir de “criterios totalmente subjetivos”.

Otra de las observaciones está relacionada con el presupuesto. León afirmó que el proceso fue iniciado y desarrollado sin contar con una certificación presupuestaria que acreditara la disponibilidad de los recursos necesarios.

Además, mencionó indicios de una “adjudicación predeterminada”, elemento que forma parte de los antecedentes que serán puestos en conocimiento de la Fiscalía.

La autoridad sostuvo que las irregularidades identificadas podrían adecuarse a diferentes tipos penales, aunque esa determinación deberá realizarse dentro de la investigación correspondiente.

Diferencia de $us 874.251 entre ofertas

Uno de los datos económicos expuestos por el procurador corresponde a la diferencia entre la propuesta adjudicada y otra oferta que habría sido descartada.

Según León, el contrato fue otorgado a la empresa Germex, mientras que otra compañía quedó fuera del proceso. Entre ambas propuestas existía una diferencia de $us 874.251.

“Se ha adjudicado a una empresa que es la que ha ganado, Germex, y se ha descartado de manera arbitraria a otra empresa”, señaló.

No obstante, el procurador sostuvo que el posible daño para el Estado no debería limitarse a esa diferencia.

El costo total del proyecto tiene una suma que supera los 24 millones 387 mil. Como ustedes saben, el proyecto no está funcionando”, afirmó.

León agregó que, bajo el análisis realizado por la Procuraduría, el perjuicio debe considerar también los recursos invertidos en una infraestructura que no estaría generando los resultados esperados.

“El daño económico no es solamente por la diferencia del precio de adjudicación, sino por el costo total de un proyecto que no está rindiendo los frutos necesarios ni está permitiendo que el Estado boliviano los recupere”, sostuvo.

Antecedentes pasarán a la Fiscalía

El siguiente paso será trasladar el informe al Ministerio Público. León indicó que YLB presentará los antecedentes para que la Fiscalía evalúe la denuncia, identifique a las personas que deberán ser investigadas y determine las responsabilidades correspondientes.

La Procuraduría también pretende que, una vez individualizados los investigados y dentro del procedimiento judicial, se adopten medidas destinadas a resguardar bienes ante un eventual daño económico.




Fuente: El deber