La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) identificó operaciones de explotación minera a gran escala en el departamento de Potosí durante una inspección técnica realizada en el marco de un proceso de Amparo Administrativo Minero por presunta invasión de un derecho minero vigente.
La zona donde las autoridades identificaron la explotación es en el área Santa Rosa de la Khasa.

La verificación, efectuada el 28 de julio en los municipios de Chuquiuta y Uncía, provincia Rafael Bustillo, evidenció un importante despliegue de maquinaria pesada, equipos de extracción e infraestructura operativa, lo que, según la entidad, demuestra que las actividades extractivas se desarrollan de manera continua y no corresponden a trabajos esporádicos.

De acuerdo con el informe técnico de la AJAM, en el lugar se constató la presencia de tractores, retroexcavadoras, volquetas, compresoras y otras instalaciones utilizadas para la explotación minera, además de un significativo movimiento de personal. La institución concluyó que las características de las operaciones observadas son propias de una actividad minera de gran escala y sostenida en el tiempo.

Explotación minera
Desde una perspectiva económica, el caso pone de relieve los riesgos que generan las disputas sobre derechos mineros para la seguridad jurídica de las inversiones en el sector. La explotación de recursos en áreas en conflicto puede derivar en pérdidas para los titulares legales de las concesiones, afectar la planificación de proyectos y retrasar el desarrollo de nuevas inversiones en una de las actividades más importantes para las exportaciones del país.

El área inspeccionada cuenta con un Contrato Administrativo Minero vigente otorgado a la Empresa Unipersonal A.X.A. Minera Sol de Mañana. Su representante legal solicitó el Amparo Administrativo Minero al denunciar presuntos actos de invasión y perturbación que, según la denuncia, impiden el ejercicio de sus derechos sobre la concesión.

La AJAM señaló que los hallazgos obtenidos durante la inspección formarán parte del proceso administrativo y servirán para determinar las medidas legales que correspondan conforme a la normativa minera.

Dato
La comisión técnica también reportó un elevado nivel de conflictividad social en la zona, situación que limitó el acceso al centro de las operaciones por razones de seguridad. No obstante, desde un punto considerado seguro, los inspectores lograron observar las actividades extractivas y registrar evidencia fotográfica sobre la continuidad de los trabajos.

La autoridad minera indicó que toda la información recopilada se incorporará al expediente de Amparo Administrativo Minero y respaldará las decisiones que se adopten para proteger los derechos mineros legalmente otorgados y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

El caso vuelve a poner en evidencia uno de los principales desafíos del sector minero boliviano: fortalecer la seguridad jurídica y el control estatal para reducir los conflictos por la explotación de yacimientos, un factor considerado clave para brindar mayor certidumbre a la inversión y preservar la producción formal de minerales.




Fuente: La razon 




COLUMNA TEMAS

¿Somos un país patético?

2020-06-12 00:43:54 / EL DÍA

¿Desaparecer al hombre en aras del progreso?

2020-05-13 20:06:15 / EL DÍA

El ser humano, una triste paradoja

2020-04-27 13:59:08 / EL DÍA


Ver más notas