El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia afirmó que el sector no participó en la construcción de la propuesta normativa y rechazó el procedimiento impulsado por el Ministerio de Minería. También cuestionó que se pretenda avanzar con el proyecto sin una socialización previa y advirtió sobre la influencia de organismos internacionales.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, 11 de noviembre de 2026.- El debate sobre el nuevo Código Minero enfrenta cuestionamientos desde uno de los principales sectores involucrados: los trabajadores mineros. Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, denunció que la cumbre convocada por el Ministerio de Minería no llegó a realizarse y que la organización sindical tampoco fue incluida en la elaboración de la propuesta. Para el dirigente, cualquier modificación normativa debe ser socializada y consensuada con los actores del sector, de acuerdo con las necesidades reales de la actividad minera.

Paye calificó como una burla para los pueblos vinculados a la minería la forma en que se pretende llevar adelante la aprobación del Código y sostuvo que el rechazo al procedimiento no responde a diferencias personales con el ministro, sino a cuestionamientos sobre su gestión. Asimismo, señaló que la Federación ya había expresado sus observaciones y solicitado la intervención del presidente del Estado, pero aseguró que sus demandas no fueron atendidas. Según el dirigente, otras instituciones también comenzaron a sumarse a los cuestionamientos, ampliando la oposición al proceso.

Uno de los puntos más delicados de sus declaraciones fue la denuncia de que el contenido del Código respondería a directrices del Fondo Monetario Internacional y del Gobierno de Estados Unidos, y que técnicos llegados al país habrían trabajado en su elaboración antes de que las autoridades actuales presentaran el proceso como una iniciativa propia. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por Paye y no fueron acompañadas de documentación en sus declaraciones. El conflicto pone en evidencia que la discusión sobre una nueva normativa minera no se limita a su contenido técnico: también exige legitimidad, participación de los trabajadores y acuerdos con los sectores que desarrollan la actividad.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia