El gobernador de La Paz propone ampliar las competencias departamentales frente a la actividad minera ilegal y permitir alianzas entre cooperativas y empresas privadas para incorporar tecnología. La iniciativa busca modificar un modelo de explotación que, según la autoridad, está generando impactos en la salud de las comunidades y el medio ambiente.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, 5 de noviembre de 2026.- El gobernador de La Paz, Luis Revilla, puso sobre la mesa la necesidad de modificar las atribuciones de las gobernaciones en el control de las actividades mineras, especialmente aquellas que operan al margen de la legalidad. La autoridad señaló que actualmente los gobiernos departamentales tienen facultades limitadas y que, ante la detección de actividades ilegales, su principal competencia es comunicar el hecho a la instancia correspondiente. Por ello, planteó que la discusión del nuevo Código Minero o de una nueva ley minera incorpore mayores responsabilidades de fiscalización para las gobernaciones, bajo el argumento de que estas instituciones tienen presencia territorial y conocen de cerca las problemáticas de las provincias.

Otro eje de la propuesta apunta a transformar las condiciones tecnológicas de la explotación minera mediante asociaciones entre cooperativas y grandes empresas privadas. Revilla considera que esta articulación permitiría incorporar tecnología, mejorar los mecanismos de control y avanzar hacia métodos de producción menos contaminantes. El planteamiento cobra importancia en un escenario donde la actividad minera representa una fuente de ingresos y empleo, pero también genera cuestionamientos por sus efectos ambientales. La autoridad afirmó que la Gobernación ya sostuvo reuniones con cooperativas del departamento para capacitarlas y promover alternativas de explotación más limpia, y aseguró que existe apertura para analizar cambios en el corto y mediano plazo.

El debate sobre la reforma minera plantea, por tanto, dos desafíos relacionados: fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar las operaciones y facilitar la incorporación de tecnologías que reduzcan los impactos de la actividad. Revilla advirtió que las actuales prácticas están afectando a comunidades en aspectos vinculados con la salud y el medio ambiente, por lo que considera necesario avanzar hacia otro modelo de explotación. Sin embargo, para que estas propuestas se conviertan en resultados, la futura normativa deberá definir con claridad las competencias de cada nivel de gobierno, los mecanismos de control y las condiciones para la participación privada. La discusión legislativa será determinante para establecer si las gobernaciones tendrán mayores herramientas de intervención y cómo se impulsará una minería con mejores estándares ambientales.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia