Un análisis de la Fundación INESAD, elaborado por Javier Aliaga Lordemann y César Santa Gadea, miembros de la institución, advierte que la reforma de la Ley de Electricidad puede abrir oportunidades para las energías renovables y la inversión privada. Sin embargo, su impacto dependerá de la disponibilidad de combustible, la expansión de las redes, las condiciones de financiamiento y el manejo de los subsidios. El reto será transformar las reglas del sector sin comprometer la seguridad energética ni trasladar costos desproporcionados a los consumidores.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, 26 de octubre de 2026.- Bolivia enfrenta el desafío de transformar su matriz eléctrica en un contexto en el que la disponibilidad futura de gas natural y la necesidad de atraer nuevas inversiones ponen en evidencia los límites del modelo actual. La reforma de la Ley de Electricidad N.º 1604, vigente desde 1994, fue anunciada por el Ejecutivo el 30 de septiembre de 2026 con el objetivo de modernizar el sector, ampliar la participación privada y facilitar el desarrollo de fuentes renovables. No obstante, el análisis publicado en el Boletín N.º 56 de la Fundación INESAD, elaborado por Javier Aliaga Lordemann y César Santa Gadea, plantea que modificar la normativa no será suficiente si no se resuelven los obstáculos estructurales que condicionan el sistema eléctrico.

Uno de los principales factores de preocupación es la evolución de la producción de gas natural, combustible fundamental para la generación eléctrica boliviana. Según las cifras de YPFB citadas en el documento, la producción fiscalizada alcanzó los 27,34 millones de metros cúbicos diarios en 2025, mientras que las proyecciones basadas en reservas probadas apuntan a 16,62 millones en 2030 y 9,21 millones en 2035. Aunque estas estimaciones no determinan una fecha definitiva de agotamiento ni representan exclusivamente el consumo del sector eléctrico, sí advierten sobre un escenario que podría incrementar la presión para asegurar el abastecimiento energético y reducir la exposición a futuras importaciones.

En este contexto, las energías renovables aparecen como una alternativa para diversificar la generación y disminuir la dependencia del gas, pero su incorporación exige más que instalar paneles solares o aerogeneradores. Aliaga Lordemann y Santa Gadea destacan, a través de su análisis, la importancia de ampliar las redes de transmisión, fortalecer las subestaciones y garantizar la capacidad de conexión, además de contar con almacenamiento y sistemas de respaldo que permitan responder a las variaciones de la generación. Sin estas condiciones, la capacidad renovable instalada podría no traducirse plenamente en un suministro confiable. También será determinante establecer reglas previsibles y contratos que ofrezcan suficiente seguridad para que los proyectos puedan conseguir financiamiento.

Otro punto sensible es el tratamiento del subsidio implícito al gas destinado a la generación eléctrica. Si el precio de este combustible no refleja adecuadamente sus costos económicos, las fuentes renovables pueden enfrentar dificultades para competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, modificar ese esquema sin una transición planificada podría elevar los costos de generación y generar presiones sobre las tarifas, la inflación y la actividad industrial. El documento advierte, por tanto, sobre la necesidad de evaluar cuidadosamente las consecuencias económicas y sociales de cualquier ajuste: los escenarios analizados permiten anticipar riesgos, pero no significan que un aumento tarifario sea inevitable ni automático.

El desafío central será convertir la reforma legal en resultados verificables. La participación privada puede contribuir a movilizar capital, pero requiere condiciones claras de rentabilidad, acceso a las redes y distribución de riesgos; además, los compromisos contractuales y las eventuales garantías estatales deben evaluarse considerando su impacto fiscal y el marco constitucional. En esa línea, el análisis de la Fundación INESAD propone una planificación integrada de los sectores de gas y electricidad, con responsabilidades institucionales bien definidas e indicadores que permitan medir el costo de un suministro confiable, los riesgos de déficit, el gas que se logra ahorrar y las obligaciones financieras que asume el Estado. La verdadera transformación de la matriz eléctrica boliviana no dependerá únicamente de aprobar una nueva ley, sino de que su aplicación garantice energía segura, sostenible y económicamente viable para el país.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia