El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli sostuvo que el ajuste a los precios de la gasolina y el diésel formaba parte de una decisión prevista para el segundo semestre. A su juicio, mantener los subsidios implica destinar recursos públicos a un esquema que considera insostenible, por lo que pidió al Gobierno sostener la medida y avanzar en la diversificación energética.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, 8 de octubre de 2026.- Medinaceli afirmó que el ajuste de los combustibles no debía limitarse a la gasolina, sino incluir también al diésel, como parte de una política que, según explicó, estaba contemplada para el segundo semestre. El exministro sostuvo que Bolivia no puede continuar destinando recursos fiscales a subvencionar estos productos y aseguró que, de acuerdo con un estudio que elaboró recientemente, alrededor del 25% del diésel se desviaba hacia Perú. Bajo esa perspectiva, cuestionó que el dinero proveniente de los impuestos de la población termine financiando consumos que no necesariamente benefician al mercado nacional.

Su posición reabre el debate sobre el costo de los subsidios y las consecuencias de modificar los precios de los combustibles en una economía dependiente de su abastecimiento. Medinaceli considera que retirar las subvenciones es técnicamente conveniente y sostiene que, si los precios internacionales de la energía disminuyen, Bolivia también debería reflejar esa reducción en el mercado interno. Sin embargo, el cambio no se limita a una decisión fiscal: también plantea desafíos para los sectores productivos y el transporte, cuyos costos dependen del precio y la disponibilidad de la gasolina y el diésel.

El exministro calificó las críticas políticas a la medida como parte de la disputa pública, frente a lo que considera una necesidad económica.

Como recomendación final, pidió al Gobierno mantenerse firme en el retiro de los subsidios y acompañar esa decisión con una transformación de la matriz energética. Entre sus propuestas mencionó impulsar la diversificación de fuentes, promover el parque automotor eléctrico y avanzar en una ley de energía verde, además de una normativa para el litio que contemple la protección de áreas del salar destinadas al turismo. Su planteamiento apunta a que el ajuste de precios no sea una medida aislada, sino parte de una reforma más amplia; el desafío para el Ejecutivo será sostener esa transición y, al mismo tiempo, atender sus efectos económicos y sociales.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia