El anuncio de la Gobernación cruceña para comenzar a gestionar la importación de diésel marca un nuevo capítulo en la crisis de abastecimiento que atraviesa Bolivia. Para Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, la iniciativa representa el inicio de un ejercicio efectivo de las competencias departamentales y una respuesta desde la región a un problema que dejó de ser exclusivamente energético para convertirse en un factor de presión sobre la producción y la economía.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, 28 de septiembre de 2026.- La decisión de Santa Cruz de avanzar con la importación de combustibles adquiere relevancia porque se produce después de meses de dificultades para garantizar el diésel que necesita el aparato productivo. El gobernador Juan Pablo Velasco anunció que este lunes 28 de septiembre se concretaría la primera operación mediante una alianza público-privada, con varios millones de litros y más de 300 cisternas inicialmente, aunque ese volumen no cubrirá toda la demanda departamental.

En ese escenario,el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó el inicio de la importación como una noticia “alentadora” y sostuvo que Santa Cruz debe comenzar a ejercer sus competencias. Su lectura coloca la operación más allá de una compra puntual de diésel: la presenta como un mecanismo para que el departamento participe directamente en la solución de un problema que hasta ahora estuvo concentrado fundamentalmente en el esquema nacional de abastecimiento.



EL CAMBIO DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES

El movimiento cruceño también refleja el cambio que está experimentando el mercado boliviano de combustibles. La importación privada ya cuenta con un marco excepcional que permite a personas naturales y jurídicas importar diésel y gasolinas para su comercialización interna, sujeto a autorizaciones de la ANH y otras instancias estatales. Ahora, la Gobernación busca articular importadores, comercializadores y distribuidores para llevar combustible directamente hacia las actividades productivas.

Según información difundida este lunes, el mecanismo departamental contempla inicialmente alrededor de 200 cisternas por semana y una plataforma para que productores puedan solicitar volúmenes desde 20.000 litros, con la posibilidad de traslado hasta sus unidades productivas. El significado económico de esta operación está en que Santa Cruz intenta asegurar combustible para actividades como agricultura, zafra, cosecha, transporte y otras ramas productivas en un momento en que el abastecimiento regular dejó de ofrecer suficiente previsibilidad.

La declaración de Cochamanidis introduce finalmente una dimensión institucional en la discusión energética: quién debe asumir la responsabilidad de garantizar el combustible cuando el mecanismo central de abastecimiento no logra responder con la velocidad que requiere la economía. El dirigente sostiene que Santa Cruz está dando “el primer paso” y que desde el departamento pueden generarse oportunidades para mejorar la situación nacional. La afirmación llega, además, cuando el precio del combustible importado se encamina hacia referencias internacionales, incorporando costos logísticos y márgenes de los operadores privados, según lo anunciado por la Gobernación. La controversia, por tanto, ya no se limita a si habrá o no diésel: el proceso abre una discusión sobre la descentralización del abastecimiento, el papel futuro de YPFB, la participación de gobiernos subnacionales y privados y, sobre todo, si este mecanismo puede convertirse en una alternativa estable para sostener la producción cruceña o si seguirá siendo una respuesta de emergencia mientras Bolivia reconstruye su capacidad energética.



Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia