Abner Flores/ENERGÍABolivia, 27 de agosto de 2026.- El viceministro de Transparencia, Yamil García, expuso ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en contratos vinculados a la compra de aceite de soya para biodiésel. Según su explicación, las reglas de contratación fueron modificadas días antes de la adjudicación y posteriormente se aceptaron como garantía terrenos que, por su condición de pequeñas propiedades, no podían ser embargados.

El presunto esquema denunciado habría generado una afectación de aproximadamente Bs 1.000 millones al Estado mediante la entrega de pagos anticipados. Según García, el proceso comenzó el 2 de abril de 2024, cuando el directorio de YPFB abordó tres decisiones: modificar el reglamento de garantías, otorgar mayor presupuesto a YPFB y autorizar el inicio del proceso de contratación. Tres días después, YPFB comunicó la adjudicación de los contratos millonarios a la empresa Indueste SRL.

La secuencia temporal es uno de los elementos centrales expuestos por el viceministro. El 8 de abril de 2024, apenas seis días después de la modificación de las reglas, se suscribió el contrato, mientras que al día siguiente, 9 de abril, comenzaron los desembolsos de los anticipos. Para García, esta sucesión de decisiones forma parte de los elementos que sustentan las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Posteriormente, según la denuncia, la empresa incumplió sus obligaciones y YPFB se encontró sin mecanismos efectivos para recuperar los recursos entregados. Ambas partes acordaron entonces la terminación del contrato, instancia en la que la empresa habría reconocido el incumplimiento y su obligación de devolver los recursos millonarios al Estado.

El segundo elemento cuestionado está relacionado con las garantías aceptadas por YPFB. De acuerdo con García, se presentaron dos terrenos, correspondientes a propiedades rurales, como respaldo para la devolución de los recursos. Sin embargo, cuando YPFB intentó embargarlos y ejecutarlos, descubrió que se trataba de pequeñas propiedades que, de acuerdo con la normativa agraria y el mandato constitucional señalado por el viceministro, eran inembargables.

Ante estos hechos, se presentaron dos denuncias ante el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción. Entre los denunciados figura Henry Nelson Ibáñez Padilla, representante legal de la empresa que suscribió los dos contratos, además de los socios que participaron en la compañía. Las denuncias también alcanzan a funcionarios y ejecutivos de YPFB Refinación.

En total, según la información proporcionada por García, más de 14 personas fueron denunciadas, incluyendo al gerente general, gerente comercial, gerente jurídico y miembros de la unidad solicitante de YPFB Refinación. El caso queda así en manos del Ministerio Público, que deberá investigar las presuntas irregularidades expuestas y establecer las responsabilidades que correspondan.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia