La coyuntura político-económica en Bolivia, exigiría un análisis de la Constitución Política del Estado y no únicamente de la Ley de Hidrocarburos N.º 3058, como primer punto que marca la diferencia del debate hasta ahora socializado en varios medios de información y espacios políticos…

 

ENERGÍABolivia Digital/ 16 de julio de 2026.- Luego del anuncio gubernamental de trabajar reformas estructurales en hidrocarburos, electricidad e inversiones como “eje de un gran acuerdo nacional”, a partir del 5 de agosto próximo en la ciudad de Sucre, ENERGÍABolivia consultó con varios expertos para ofrecer un panorama amplio de posibilidades dirigidas a enfrentar esta iniciativa gubernamental, en el marco de una de las crisis económicas más difíciles que soporta el país, provocada por la crisis de los hidrocarburos.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que el país enfrenta desafíos que requieren una agenda de cambios profundos construida mediante el diálogo y la concertación. Explicó que, tras los conflictos registrados durante los más de 50 días de bloqueos en el país, el Ejecutivo decidió acelerar el ritmo de trabajo para materializar una serie de proyectos de ley que considera prioritarios para la reactivación y modernización del país.

Entre ellos destacó las nuevas normas para los sectores de hidrocarburos, minería, electricidad, inversiones, economía verde y apoyo a emprendedores, además de reformas vinculadas a la Ley Electoral, la justicia, la seguridad nacional, las autonomías y la reducción del tamaño del Estado. Según la autoridad, estas iniciativas serán socializadas con la población antes de su tratamiento legislativo, manteniendo como principio la búsqueda de consensos.

En esta línea, el resumen de las opiniones consultadas sobre si para proceder a estas reformas se debe realizar una reforma parcial o integral de la Constitución Política del Estado; que suponga eliminar los candados de un gestión centrada fundamentalmente en la priorización del Estado frente al mercado, destacó el criterio de que una eventual reforma al régimen de hidrocarburos en Bolivia debe comenzar con un análisis de la Constitución Política del Estado y no únicamente de la Ley de Hidrocarburos N.º 3058, como primer punto que marca la diferencia del debate hasta ahora socializado en varios medios de información y espacios políticos.

Los expertos consultados coincidieron, por ejemplo, en que la Ley 3058 fue aprobada antes de la entrada en vigencia de la actual Constitución, por lo que esta responde a un marco constitucional distinto, en el que la participación de YPFB no ocupaba el lugar central que tiene en el actual texto constitucional.

"La Ley 3058 es anterior a la Constitución vigente. Eso significa que fue elaborada bajo un marco constitucional diferente, en el que la regulación de los hidrocarburos no estaba centrada en YPFB tal como ocurre hoy", destacó uno de los entrevistados, lo que en su criterio permitiría “intersticios” para operativizar ciertas leyes, pese a lo establecido en la Constitución.

Como contexto a este criterio, dijo que durante las últimas dos décadas se ha consolidado en Bolivia una interpretación política según la cual la Constitución blindaba completamente el actual modelo de hidrocarburos, dando por sentado que es el único régimen posible dentro del marco constitucional.

Sin embargo, este especialista dijo que esta lectura ha limitado el debate jurídico en el país. Como ejemplo, mencionó un estudio que realizó sobre la prohibición del arbitraje en materia de hidrocarburos, concluyendo que “la Constitución no establece una barrera tan infranqueable” como comúnmente se sostiene.

"Cuando analicé el tema de la exclusión del arbitraje llegué a la conclusión de que esa restricción no era tan absoluta como se había interpretado. Hay más espacio para el análisis jurídico del que normalmente se reconoce", afirmó.

En ese sentido, consideró que el primer paso debe ser un estudio profundo de la Constitución para identificar los márgenes que esta ofrece para desarrollar una nueva legislación en hidrocarburos, incluso una que no tenga necesariamente a YPFB como eje central, sin que ello implique una reforma constitucional.

"Lo que corresponde es analizar  jurídicamente qué permite realmente la Constitución vigente y, dentro de esos espacios, construir una legislación que responda a las necesidades actuales sin modificar el texto constitucional", sostuvo.

Asimismo, advirtió que plantear el debate como una disyuntiva entre reformar la Constitución o mantener intacta la Ley 3058 puede conducir a un escenario de difícil solución, por las características actuales del contexto político del país.



Fuente: ENERGÍABolivia